El Colegio Dominicano de Periodistas, el Consejo Nacional de la Unidad Evangélica (Codue), el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) y el abogado Cándido Simón, se sumaron al rechazo a la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por considerar que contiene disposiciones que violan la Constitución.
El presidente del CDP, Aurelio Henríquez, consideró que la ley viola la Carta Magna cuando obliga a los ciudadanos a entregar todas las informaciones requeridas por oficiales de la DNI de las cuales se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional.
Recordó que los periodistas están protegidos por el artículo 49 de la Constitución, que establece el derecho a las reservas de fuentes informativas y que en ninguna circunstancia puede revelar sus fuentes o entregar informaciones que comprometan a quienes les han ofrecido de manera confidencial.
“Los periodistas tienen el deber ante la sociedad de publicar las informaciones de interés público recibidas de cualquier fuente, mientras que los oficiales de la DNI tienen el compromiso ante el Estado de investigar el origen de la información que ellos entiendan puede afectar la seguridad del Estado”, afirmó Henríquez.
Considera una violación a la Constitución el texto del artículo 11, de que las entidades públicas y privadas deberán permitir que la DNI recolecte informaciones de carácter público que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder de forma automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones, porque atenta contra la privacidad de datos personales.
Indica que se vulnera la Constitución con la disposición del acápite 4, del artículo 9, que establece que la DNI puede contrarrestar en el ámbito nacional actividades de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que puedan representar un riesgo, amenaza, agresión o subversión para la seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la integridad territorial.
“En el acápite 6 manda a la DNI a realizar libremente labores de inteligencia en actividades desarrolladas por personas, grupos, asociaciones violando la Constitución de la República, que establece que todos los ciudadanos gozan de la libertad y derecho de reunión, porque no especifica a qué tipo de actividades o reuniones se refiere”, advirtió Henríquez.
