18 funcionarios sustituidos por faltas graves; solo 4 procesados

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De 18 funcionarios separados de sus cargos por el presidente Luis Abinader tras denuncias de irregularidades, mal manejo de fondos y acoso sexual, solamente cuatro han sido procesados, pero ninguno está en la cárcel.

En esta administración bautizada como “Gobierno del cambio”, cinco ministros han sido sustituidos de sus funciones, algunos de los cuales pidieron licencias al estallar denuncias de violación a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado, así como de otros tipos penales.

En el Ministerio de la Juventud fueron sustituidas las entonces ministras Kinsberly Taveras y Luz del Alba Jiménez, por alegadas irregularidades cometidas en la institución, sancionadas en la Ley de Compras y Contrataciones.

De acuerdo a Domingo Berigüete en el periódico El Nacional, el 7 de diciembre de 2020, la ministra Kimberly Taveras renunció a su cargo para responder ante la justicia a una investigación abierta en su contra por tráfico de influencia, debido a que sus empresas suplían a varios ayuntamientos, lo que viola la referida legislación.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) depositó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) la documentación relativa a la investigación de oficio que se le realizó a la funcionaria, pero todo parece que se quedó ahí.

El 18 de enero de 2021 estalló una denuncia por supuesto acoso y abuso sexual contra el entonces director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, hecha por la exgerente financiera de la entidad, María Isabel Flores Encarnación, que desencadenó con su apresamiento el 10 de marzo del mismo año.

Resulta que, a raíz del sometimiento, la querellante abandonó el país y desistió de la acusación. El 3 de septiembre el juez de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación, Sócrates Nolasco, descargó al dirigente perremeísta por falta de pruebas.

Más destituciones
El 26 de febrero de 2021, apenas horas antes de que el presidente Luis Abinader presentara al país su primera rendición de cuentas, el Ejecutivo anunció la destitución del exministro de Salud Pública, Plutarco Arias, luego que El Nacional publicara la sobrevaluación en una licitación para la compra de jeringuillas.

En el caso de Kinsberly, esta fue separada de sus funciones luego que se determinara que siendo funcionaria sus empresas suplían a varios ayuntamientos, en violación a la Ley Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas.

Saco del olvido
Indica El Nacional que a pesar de que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) depositó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) la documentación relativa a la investigación del caso, la misma parece haber quedado atrapada en el “saco del olvido”.

El 21 de marzo del 2021 también fue destituido como director del Instituto Tecnológico Superior Comunitario (ITSC), José Altagracia Sánchez, luego de varias denuncias que salieron a relucir en los medios de comunicación contra él por acoso sexual e irregularidades en la entidad estatal.

El 15 de junio del 2021, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, destituyó a Luis Maisichell Dicent como administrador de la Lotería Nacional, luego de que fuera arrestado por su vinculación a una presunta «mafia» que estaría detrás del sorteo fraudulento realizado el 1 de mayo de ese año con el número 13.

El 6 de diciembre del 2021, el presidente Luis Abinader suspendió a la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez Ramírez, quien se encontraba bajo investigación por presuntos actos de irregularidades denunciados el 10 de noviembre de ese año por el exconsultor jurídico de la Juventud, José Manuel Vidal Tejeda, que acusó a Jiménez de haber dado órdenes para, supuestamente, favorecer a dos empresas con la adjudicación de un proceso de compras por un monto de 3 millones de pesos, pero todo quedó ahí.

Igual suerte han corrido otros funcionario con denuncias de corrupción, a pesar de que el Presidente de la República, Luis Abinader, exhibe como su principal logro en la administración pública la independencia del Ministerio Público, hay denuncias que se han quedado en el aire.

Ministros
Otros sustituidos en su cargo fueron los exministros de la Presidencia, Lisandro Macarrulla; y de Educación, Roberto Fulcar.

El 3 de agosto del 2022 el presidente de la República, Luis Abinader, destituyó a Roberto Fulcar del Ministerio de Educación y en su lugar designó a Ángel Hernández, mediante en el decreto número 414-22.

En el caso del exministro de Educación, éste se presentó a la Procuraduría General de la República en al menos dos ocasiones para depositar documentos, pero de su investigación hasta el día de hoy nada se sabe.

Fulcar, ordenó una investigación “inmediata”, luego de las denuncias realizadas en contra el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) por supuestas irregularidades en el proceso de licitación para el almuerzo escolar.

El 10 de agosto del 2022, Lisandro Macarrulla presentó su carta de renuncia al cargo de ministro de la Presidencia, al cumplirse dos años de Gobierno, a raíz de que el nombre de un hijo y su empresa fueran vinculados al caso Medusa, por supuestos vínculos comerciales con la red de corrupción que operaba desde la Procuraduría General de la República, en la gestión de Jean Alain Rodríguez.

Los funcionarios más recientes en ser destituidos fueron Wanda García y Porfirio Peralta, directores del Acuario Nacional y de Promipymes, respectivamente, quienes fueron apartados de sus cargos por irregularidades y mal manejo en sus funciones.

También cancelado Cecilio Rodríguez Montás, del Instituto Nacional de bienestar Estudiantil (Inabie), luego de varios escándalos de corrupción en la contratación del almuerzo escolar.

El 24 de agosto de 2021, el presidente Abinader destituyó a Julio Antonio de la Cruz Nolasco como titular de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas, luego denuncias sobre presuntas irregularidades en dicha entidad, entre las que se encuentra el nombramiento de menos ocho familiares en la institución, incluyendo sobrinos, nietos y un cuñado.

También al director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom) Adán Pequero, tras un escándalo por irregularidades en proceso de licitación.

El exdirector de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro también cancelado en su cargo luego de ser encartado en la red de crimen organizado denominada “Falcón”.

Otro que también fue destituido del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) fue Juan Carlos Torres Robiou, al ser encartado en el caso en el caso Coral 5 G.

El 3 de agosto del 2022, el presidente Luis Abinader destituyó del cargo al abogado Enrique García, quien fue centro de noticias por sus constantes posturas sobre la migración irregular de haitianos y estuvo en el centro del candelero nacional cuando intentó implementar el “carnet de habitante fronterizo”, que finalmente el Gobierno decidió echar hacia atrás.

El 14 de abril del 2023 el presidente Luis Abinader sustituyó a Mérido de Jesús Torres Espinal como director de Titulación de Terrenos del Estado, luego de que apareciera vinculado al supuesto entramado de corrupción desmantelado en la operación Calamar, sino también que tenía un caso abierto en la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental.

Estos directores fueron destituidos por alegadas irregularidades, problemática personal, o mala administración en las instituciones que dirigían.

Componente común
Todos tienen un aspecto en común: que cuando la Dirección de Compras y Contrataciones le abre una investigación que abre la posibilidad de un sometimiento piden una licencia, no se sabe si por iniciativa de ellos o del Ejecutivo.

El 3 de agosto del 2022, el preside Luis Abinader destituyó a Rafael Arias como director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y posteriormenete a su sucesor Hugo Beras, quien fue llamado a tomar licencia en el cargo por alegada violación a la Ley de Compra y Contrataciones.

El 23 de enero del 2023 fue cancelado el entonces director de Pasaportes, Néstor Julio Cruz Pichardo, por el escándalo generado en esa institución por la falta de libretas de pasaportes.

La situación obedece a la poca disponibilidad de las libretas debido a la demora del último embarque, el cual fue solicitado con retraso por dicha dependencia.

El 9 de noviembre del pasado año, el exdirector del Intrant Hugo Beras solicitó al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo, a raíz de la investigación que realizó la Dirección de Compra y Contrataciones al organismo por irregularidades en el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.

Las últimas suspensiones fueron las de los directores del Acuario Nacional, Wanda García y del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), Porfirio Peralta por alegadas irregularidades.

El 11 de este mes el Poder Ejecutivo dispuso la destitución de la directora del Acuario Nacional, Wanda García, quien fue señalada por irregularidades en compras y contrataciones de esa institución, hecho por el que fue suspendida del cargo en noviembre del año pasado.

Solo tres funcionarios han sido procesados por este gobierno Luis Maisichell Dicent, por el escándalo de corrupción que implica una estafa a bancas de lotería por valor de 500 millones de pesos; Juan Carlos Torres Robiou, encartado en el caso Coral 5 G y Juan Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, vinculado al caso Farcón, pero a todos se les varió la medida de coerción que cumplen en su casa.

Demandan justicias
Entidades de la sociedad civil reclaman de la justicia, especialmente de los jueces aplicar todo el peso de la ley contra los funcionarios que se han enriquecido con los recursos del Estado.

También demandan de la Procuraduría General de la República continuar con su papel de perseguir sin desmayo el flagelo de la corrupción, un mal que robado el futuro a muchos dominicanos.

Antítesis en destituciones
A pesar de que hay funcionarios que el presidente Luis Abinader los cambia hasta por rumores, hay otros que aunque son definidos como “muy malos” por sus propios compañeros de partido, no lo mueve del puesto.

Cuando estalla un escándalos de anomalías en instituciones estatales, sus titulares lo primero que hacen es tomar una licencia en el cargo, no se sabe si por motus propio o a solicitud del jefe del Estado.

No todos
No todos los funcionarios destituidos han sido por corrupción, algunos han sido por mal manejo en sus instituciones; otros por faltas sancionadas por la
Ley de Compra y Contrataciones , por denuncias de acosos sexuales y por otras faltas graves en el ejercicio de sus funciones.