Si para el ejercicio fiscal de este 2024 se cumpliera con todas las leyes que asignan fondos con cargo al Presupuesto General del Estado, habría que destinar para estos compromisos un estimado de 898,537.7 millones de pesos o lo equivalente al 12.1 % del producto interno bruto (PIB). La asignación vigente de apenas la mitad de ese monto evidencia lo poco realista de dichas leyes para las finanzas públicas.
De cumplirse, el dinero que se debería destinar equivaldría al 63.3 % del total de gastos del Gobierno Central en el presente año y al 75.7 % de los ingresos, según calcula el economista y exsubdirector de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), Nelson Suárez.
Agrega que equivaldría también al 76.5 % de los ingresos corrientes y al 85.3 % de los ingresos tributarios.
Según la Digepres, existen 29 leyes que condicionan el uso de fondos públicos. Suárez calcula que las cuatro que se llevarían la mayor asignación acaparan el 65.8 % del total de fondos, siendo estas:
- el 4 % del PIB para la educación preuniversitaria
- el 10 % para los ayuntamientos
- el 1.2 % del PIB para el Banco Central
- los fondos para imprevistos y calamidad de la Presidencia.
Estima que solo estas partidas suman 591,321.1 millones de pesos.
¿Por qué se fijaron
Suárez evoca que luego de la dictadura trujillista, a partir de 1962 se introdujeron reformas y se aprobó en 1969 una nueva ley de Presupuesto Público. A partir de 1966, durante los gobiernos de los 12 años del presidente Joaquín Balaguer, el presupuesto se manejó de manera discrecional y centralizado.
Llegado el 1997, bajo el primer gobierno de Leonel Fernández, se aprobaron dos leyes de asignación de fondos. Una, la 17-97, asignó un 4 % del monto de los ingresos internos de la Ley de Gastos Públicos a favor de los ayuntamientos y la otra, la 66-97 de Educación, estableció que el gasto público en educación debía alcanzar, en un periodo de dos años a partir de la promulgación de dicha ley, un mínimo de 16 % del gasto total o un 4 % del PIB.
Suárez resalta que, a partir del 2000, bajo la presidencia de Hipólito Mejía, se aprobó la mayoría de las leyes de asignación de fondos y se aumentó la de los ayuntamientos del 4 al 10 %. Además, se especializaron fondos en las leyes de los ministerios de la Mujer, de la Juventud y de Educación Superior, para los poderes Legislativo y Judicial, y a la Procuraduría General de la República, entre otras.
Sin embargo, el incumplimiento de las disposiciones de todas estas leyes ha sido constante en la administración central. Por esto, Suárez calcula que entre el 2004 y el 2023 el Poder Ejecutivo dejó de asignar a los ayuntamientos 494,193.2 millones de pesos de sus presupuestos al no cumplir con el porcentaje fijado.
“Populismo legislativo”
José Rijo Presbot, actual titular de la Dirección General de Presupuesto, es reiterativo en señalar lo poco ajustado a la realidad financiera del gobierno de las leyes que consignan una partida específica. En una ocasión lo llamó “populismo legislativo”.
“Los legisladores, queriendo complacer a un grupo, (decidieron): Ah, no, vamos a ponerle un por ciento, porque el Gobierno no cumple”, dijo en el 2021.
Ahora, en el 2024, comenta a Diario Libre: “El hecho de que tenga que suspenderse cada año la asignación fijada por ley, es claro de que no se corresponden con una buena planificación y presupuestación pública”.
Con esto coincide Suárez, quien indica que “la mayoría de las leyes que disponen asignar partidas del presupuesto anual a instituciones, organismos o poderes fueron concebidas y aprobadas, salvando naturalmente las buenas intenciones, sin la menor valoración ni análisis de las magnitudes, proporciones y montos establecidos y su impacto en las finanzas públicas”.
Analiza que para el Ministerio de la Juventud hay un mandato de asignarle un presupuesto anual específico, equivalente a 1 % del presupuesto nacional. De cumplirse con esta disposición, representaría unos 12,245.0 millones de pesos, en cambio su presupuesto vigente es de 681.2 millones de pesos.
