Los desafíos de la futura presidenta de México, la primera mujer en el poder, son muchos y profundos, entre los que están la violencia de los cárteles, la polarización del país, el costo de mantener los programas sociales y la larga sombra de su mentor, el mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador.
Pero para algunos analistas la mayoría gira en torno a tres conceptos: dinero, diálogo y lo que pueda pasar en las próximas elecciones de Estados Unidos.
Claudia Sheinbaum, que empezará su mandato de seis años el próximo 1 de octubre, tiene por delante cuatro meses para definir su programa de gobierno. En ese tiempo, López Obrador ofrecerá unas 80 conferencias matutinas en las que se espera que intente concretar su legado.
Una convivencia que no parece sencilla: él polarizó la sociedad, ella habla de “diálogo” y “armonía”; él es un líder de masas, ella una académica y científica.
López Obrador afirmó el lunes que no influirá en el gobierno de su sucesora y que no aspira “a ser líder moral, ni jefe máximo, ni caudillo, ni mucho menos cacique”. Cuando entregue la presidencia, insistió, se jubilará de la política y de todo tipo de vida pública para dedicarse a “platicar con los árboles, convivir con los pájaros”.
Sin embargo, fue él quien anunció el lunes por la mañana al primer miembro del gabinete de Sheinbaum al decir que que el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se mantendrá en el cargo para dar tranquilidad a los mercados. Horas después, Sheinbaum lo confirmó.
El equilibrio entre la continuidad con el legado de López Obrador y la posibilidad de ajustar sus medidas más polémicas —como la militarización o la política de seguridad— no será sencillo.
Un primer problema económico es si tendrá dinero para continuar con los programas sociales actuales —que suponen en torno al 11,5% del PIB— puesto que México ya tiene un gran déficit público de casi el 6% que Hacienda quiere reducir. “Va a haber recortes y eso lo tiene que votar esta nueva legislatura”, dijo Isidro Morales, académico experto en Economía y Relaciones Internacionales.
“Se necesita una reforma fiscal, si no la hay, Claudia va a estar atada de manos”, agregó, porque México ya no cuenta con muchos ingresos petroleros que antes era una importante fuente de divisas.
La estatal Petróleos Mexicanos, símbolo del nacionalismo más acérrimo de López Obrador pero también de años de corrupción y que mantiene un modelo energético contaminante que el mundo quiere revertir, no deja de perder dinero.
Los analistas consideran que es una de las grandes líneas rojas que Sheinbaum, una científica climática que aboga por las energías limpias, no podrá tocar porque los trabajadores del sector fueron un importante apoyo electoral, como demostraron las muchas pancartas de su cierre de campaña en las que se leía “petroleros”.
Además, el periodo de traspaso de poder se dará en plena campaña electoral de Estados Unidos, el principal socio comercial de México y cuyas políticas de seguridad e inmigración están totalmente interrelacionadas al compartir más de 3.000km de frontera.
La reelección del demócrata Joe Biden o el regreso del republicano Donald Trump el próximo 5 de noviembre será “la variable real que modificará escenarios”, explicó Carlos A. Pérez Ricart, profesor del CIDE, un centro de investigación público mexicano.
La razón la que esas votaciones influirán tanto en territorio mexicano es simple: que gane uno u otro no solo puede condicionar la política contra el crimen organizado, la comercial o la migratoria sino decisiones internas de México, como el papel del ejército, dado que Washington podría trasladar ciertas peticiones a cambio de otras.
Sheinbaum estudió en Estados Unidos, habla inglés y entiende la política de ese país, lo que haría pensar en un mejor entendimiento con Washington pero nadie puede controlar la variable “Trump” con quien López Obrador se llevaba estupendamente porque compartían un estilo de hacer política aunque desde extremos políticos distintos.
El problema, consideran los expertos, es que tanto en el tema migratorio como en la lucha contra los cárteles, la futura presidenta no ha propuesto nada nuevo y las políticas de la actual administración solo han controlado tímidamente el flujo de migrantes hacia el norte sin lograr contener la violencia.
Los centros especializados en temas de crimen organizado consideran que la prioridad de México a la hora de combatir la violencia y la impunidad debería ser a través del fortalecimiento de las policías civiles y de las fiscalías, pero López Obrador optó por la militarización del país y dio a las fuerzas armadas un poder nunca visto en numerosos temas civiles —desde la seguridad a la construcción— con los peligros que esto tiene para los derechos humanos y la rendición de cuentas. Además, tampoco ha frenado la violencia.
Tampoco está claro qué querrá y qué podrá cambiar Sheinbaum o cuáles podrían ser las presiones de los militares sobre ella. Y ya dijo que mantendrá los proyectos estratégicos, como el polémico Tren Maya, que ha arrasado con parte del entorno natural del sureste del país.
Combatir la polarización implicará acercamientos con ecologistas, científicos, feministas, académicos, periodistas o los defensores de derechos humanos contra los que arremetió con dureza un López Obrador que rechaza toda crítica.
En el ámbito político, la mayoría parlamentaria será un arma de doble filo.
Para el tercio de la población que votó contra ella puede ser un peligro porque si se confirman los resultados preliminares para el Congreso y el Senado, contará con legisladores suficientes para cambiar la Constitución y López Obrador tenía propuestas tan polémicas como eliminar órganos de equilibrio de poder —como el Instituto Nacional de Transparencia— o que los jueces sean elegidos por voto popular.
Por eso una clave será que, aunque el gobierno de Sheinbaum apueste por un papel más fuerte del Estado en la vida pública, defienda de forma incuestionable la división de poderes, indicó Pérez Ricart.
Para el politólogo Luis Miguel Pérez Juárez los resultados del domingo le dan “un enorme poder” a Sheinbaum, quien no necesitará supeditarse a las exigencias de Morena, un partido creado por López Obrador hace diez años para ganar la presidencia y al que se han adherido políticos de muy distinto perfil.
Morena gobierna en 23 de los 32 estados y que el domingo ganó otro más, según datos aún preliminares todavía.
Para algunos analistas, podría considerarse como una forma nueva del Partido Revolucionario Institucional —que gobernó durante siete décadas del siglo XX— pero, a diferencia de aquel, a Morena le falta estructura, dice Pérez Juárez. Por eso, apunta, no cree que condicione a la futura mandataria.
