Santo Domingo.- Cinco abogados involucrados en el caso Operación Calamar aumentaron «su patrimonio de manera exorbitante», falsificando documentos públicos y privados y recurriendo al lavado de activos, según detalla el expediente acusatorio del mayor caso de corrupción de los últimos cuatro años.
Solo los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández, se lucraron con 1,500 millones de pesos y sobornaron con casi igual cantidad a funcionarios gubernamentales, indica el expediente.
Otro de los abogados imputados y quien admitió su responsabilidad en el desfalco al Estado y colabora con el Ministerio Público es Ángel Lockward Mella, quien entre diciembre del año pasado y marzo de este 2024 devolvió a la Procuraduría General, de «manera voluntaria», 220 millones de pesos producto de la defraudación del erario, según la acusación.
La supuesta estafa se efectuó en los últimos meses del Gobierno del expresidente Danilo Medina, cuando se pagó miles de millones de pesos por propiedades declaradas de utilidad pública y por la que están acusados también los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y otras 40 personas físicas y jurídicas.
El expediente de Calamar describe que durante el periodo comprendido entre el 27 de enero hasta el 23 de julio del año 2020, se hicieron los pagos fraudulentos, provenientes tanto del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) como de la Dirección General de Bienes Nacionales, «autorizados y aprobados en común concierto doloso por los acusados Ángel Donald Guerrero Ortiz y Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, en sus condiciones de Ministro de Hacienda y Contralor General de la República, respectivamente, y con la participación activa de otros miembros de la estructura criminal de corrupción«.
