Las nuevas medidas de Estados Unidos que restringen las solicitudes de asilo para las personas que cruzan de manera irregular su frontera con México también se aplicarán en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, sus dos territorios en el Caribe.
Así lo confirmó un alto funcionario estadounidense durante una conferencia con periodistas, en la que agregó que las restricciones y endurecimiento de las consecuencias se aplicarán, con algunas excepciones, a las personas que cruzan de manera irregular a través de la frontera sur, incluidas las terrestres del suroeste y las costeras del sur.
Esto significa que los migrantes, en su mayoría dominicanos y haitianos, que se embarquen con destino a estos territorios, sobre todo a Puerto Rico, se enfrentarán a órdenes de deportación y a entrevistas con estándares más elevados para defender su caso de miedo creíble, al igual que los migrantes de todas nacionalidades que crucen de manera irregular la frontera sur de los Estados Unidos.
“Mientras estén activas la proclamación y la reglamentación se van a aplicar en nuestra frontera sur, que incluye la frontera terrestre entre los Estados Unidos y México y, muy importante, las fronteras costaneras del sur, incluyendo nuestras fronteras en Puerto Rico y las Islas Vírgenes”, explicó Blas Núñez-Neto, subsecretario de Seguridad Nacional para política fronteriza e inmigración.
Medida perjudica a dominicanos
Estas nuevas medidas, las “más fuertes” asumidas hasta el momento por la Administración Biden-Harris, buscan fortalecer la seguridad fronteriza y entran en vigor de inmediato, ya que se activan cuando los arrestos por entrada ilegal alcanzan los 2,500. En la actualidad, unas 4,000 personas ingresan de manera irregular a los EE. UU. cada día.
La nueva política se mantendrá hasta que los encuentros se reduzcan a menos de 1,500 durante siete días consecutivos en la frontera sur, niveles observados por última vez en julio de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19.
Lo que establece la medida
El presidente Joe Biden emitió este martes una proclamación para suspender, de forma temporal, la entrada de no ciudadanos a través de la frontera sur, la cual precedió al anuncio de la regla conjunta entre el secretario de Seguridad Nacional y el fiscal general que restringe la elegibilidad de asilo para los que ingresan al país de forma irregular.
También limita las pruebas de detección de miedo a quienes manifiestan temor de regresar a su país si son deportados y eleva el estándar de evaluación durante las entrevistas antes los funcionarios de asilo de Estados Unidos.
Las autoridades estadounidense esperan que las medidas permitan expulsar a más personas sin base legal para permanecer en el país mucho más rápido de lo que lo pueden hacer actualmente.
“Estas medidas aumentarán significativamente la velocidad y el alcance de las consecuencias para aquellos que cruzan nuestras fronteras de manera irregular o que intentan presentarse en los puertos de entrada sin autorización, lo que permitirá a los departamentos expulsar más rápidamente a las personas que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos“, reza la regla emitida en conjunto por el Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional.
Excepciones a la regla
Las autoridades estadounidense indican que quedan fuera de la aplicación de la norma los residentes permanentes legales, los niños no acompañados, las víctimas de una forma grave de trata y otros no ciudadanos con una visa válida u otro permiso legal para ingresar a los Estados Unidos.
Además, la suspensión y limitación de entrada no afectará a aquellos que utilicen procesos aprobados por el secretario de Seguridad Nacional, como la aplicación móvil CBP One, para ingresar a los Estados Unidos en un puerto de entrada de manera segura y ordenada o seguir otra vía legal.
- Circunstancias excepcionalmente apremiantes
- Una emergencia médica aguda
- Una amenaza inminente y extrema para la vida o la seguridad, como violación, secuestro, tortura o asesinato
- O ser un “víctima de una forma grave de trata de persona”
Consecuencias
Los inmigrantes que estén sujetos a la limitación de la norma y que manifiesten o expresen temor de regresar a su país o tengan la intención de solicitar asilo, pero no establezcan una probabilidad razonable de persecución o tortura, serán expulsados de inmediato.
Aquellas personas a las que se les ordene expulsar estarán sujetos a una prohibición de reingreso de al menos cinco años y a un posible enjuiciamiento penal.
