La República Dominicana comienza el 2025 sin una fecha definida para el inicio de la impresión del pasaporte electrónico, un proyecto que se viene gestando desde hace más de una década. El año pasado culminó con la apertura de una segunda licitación, esta vez con requisitos más estrictos, tras la suspensión de la primera debido a irregularidades en el proceso.
Los pasaportes electrónicos otorgan más seguridad al incorporar un chip donde se almacenan, además de la información personal del titular, sus datos biométricos únicos, como huellas dactilares, rasgos faciales y, en algunos casos, información del iris. Su uso permite la identificación de manera precisa y segura del individuo, cumpliendo con estándares internacionales de modernidad y protección.
Actualmente, más de 140 Estados y entidades no estatales, como las Naciones Unidas y la Unión Europea, emiten pasaportes electrónicos y hay más de mil millones de ellos en circulación, según la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, por sus siglas en inglés).
El tema ha estado vigente en el país desde 2014, cuando Iris Guaba, directora de Pasaportes de ese entonces, prometió que en 2015 se dotaría a los dominicanos de un documento seguro y acorde con las normativas internacionales. Sin embargo, hasta la fecha, los plazos anunciados no se han materializado.
En julio de 2023, durante el primer gobierno de Luis Abinader, se emitió el decreto 282-23, que declaró la emisión del pasaporte electrónico como un asunto de seguridad nacional. Este decreto autorizó a la Dirección General de Pasaportes (DGP) a utilizar procedimientos de excepción para contratar los bienes y servicios necesarios para el diseño e impresión del nuevo documento.
En mayo del mismo año, bajo la dirección de Digna Reynoso, la DGP anunció la apertura del proceso de licitación para adquirir e instalar la infraestructura necesaria para emitir pasaportes electrónicos. En junio, Reynoso aseguró que para febrero de 2025 comenzarían a imprimirse las primeras libretas, pero no se concretó. Poco después, la funcionaria fue removida de su cargo, y su sucesor, el ingeniero Lorenzo David Ramírez Uribe, solicitó la suspensión del proceso. Esta solicitud fue acogida en agosto por la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP).
